Un día se declaró un incendio dentro del pabellón, en el que se encontraba uno de los camiones que quedó totalmente calcinado. La empresa aseguradora envió un perito e hizo una tasación para valorar los daños de todo lo que se quemó. La aseguradora declaró el camión siniestro total y lo valoró en 45.000€. A Pedro le pareció poco dinero teniendo en cuenta el precio de este tipo de camiones. Por este motivo decidió rechazar la oferta que le habían hecho y así mostró su disconformidad a la empresa, que no desistió en la cantidad ofrecida. Finalmente, Pedro se puso en contacto con ARAG ya que el camión contaba con el seguro de defensa jurídica de ARAG.

ARAG se hizo cargo del caso y envió a un segundo perito para que hiciese una segunda tasación. Este perito tasó los daños en 53.952€. Con esta nueva información se elaboró un segundo informe y ARAG lo puso en conocimiento de la aseguradora. Con este nuevo informe, y tras varias negociaciones, se llegó a un acuerdo con Pedro que finalmente percibió una indemnización de 52.000€.

En caso de daños materiales, es importante contar con un seguro que defienda tus intereses. Esto es precisamente lo que ofrecen los seguros de defensa jurídica para empresas de ARAG.

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Por otra parte, el pasado 30 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de Ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes a nivel nacional. Hasta ahora,  debían pagar estas tasas las empresas con un determinado volumen de facturación. Tras la reforma, también deberán pagarlas las personas físicas. Dichas tasas afectarán al ámbito civil, el contencioso administrativo y el social.

Dada la situación económica existente, no se descarta que otras comunidades autónomas decidan seguir el modelo catalán e implantar sus propias tasas judiciales. La existencia de tasas autonómicas no excluye la aplicación de las tasas nacionales, por lo que  existirán asuntos donde deberán abonarse ambas tasas.

Los seguros de defensa jurídica de ARAG garantizan la defensa de los derechos de los ciudadanos independientemente de sus posibilidades económicas ya que, cuando haya que ir a juicio, ARAG asumiría el coste de estas tasas.

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Si el acuerdo se adopta en segunda convocatoria, bastará con alcanzar el voto favorable de la mayoría de las cuotas de participación de los presentes en la reunión.

Si no se obtiene la mayoría requerida, la persona discapacitada puede acudir a los tribunales para que obliguen a la Comunidad a realizar esta obra, y esa obra deberá ser costeada por la Comunidad.

En ambos casos, el acuerdo será vinculante para todos los propietarios, incluso los que votaron en contra o no asistieron a la Junta.

En el resto de España se prevé la posibilidad de que el afectado lleve a cabo las obras pero el coste correrá íntegramente a su cargo, estando obligada la comunidad de propietarios a asumir la obra si su importe total no excede de doce mensualidades de la cuota ordinaria de gastos comunes.

Si quieres más información y eres cliente de ARAG puedes hablar con tu abogado llamando al 902 10 15 33.

Si no eres cliente de ARAG puedes llamar al 807 517 507 y uno de nuestros abogados resolverá tus dudas. El coste de esta llamada es de 1.37 desde un teléfono fijo el primer minuto y 1,16 el resto de minutos. Desde un móvil el coste de la llamada es de 1,48 euros el primer minuto y 1,22 euros/minuto el resto de la llamada.

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Llegó el día en el que acabaron los pisos y, Cristina y Juan fueron al banco a pedir la hipoteca. Pero el banco rechazó la petición y no se la concedieron. Este fue su primer disgusto pero, lamentablemente, no fue el último. Cuando fueron a las oficinas de la promotora, ésta se negó a devolver el dinero aportado hasta el momento, aun habiendo una cláusula en el contrato de compraventa por la que, si finalmente no podían subrogarse a la hipoteca que tenía contratada la promotora con el banco, se les devolvería el importe íntegro aportado hasta el momento, es decir, los 54.000€.

Debido a la actitud de la promotora, pusieron el caso en manos de ARAG. Con toda la información aportada, ARAG envió un burofax a la promotora para que cumpliese con las condiciones del contrato firmado, pero ésta nunca contestó. Ante la pasividad de la promotora, uno de los abogados de la compañía intentó un acto de conciliación, un paso previo antes de ir a juicio, y pedir la devolución de los 54.000€. Pero la empresa promotora nunca se presentó a este acto. Por este motivo se interpuso una demanda y se fijó la fecha del juicio. La promotora, al ver como estaban evolucionando los hechos, finalmente decidió devolver el dinero pagando incluso las costas judiciales del abogado y procurador incurridas hasta el momento. De esta forma, la promotora tuvo que pagar 57.416,39€ y Juan y Cristina pudieron recuperar su dinero, y su ilusión.

Comprar un piso es la ilusión de muchas parejas pero también son muchos trámites y papeles que se deben cumplimentar. Por eso es importante contar con un buen seguro de defensa jurídica que te asesore, guíe y defienda tus derechos si surge algún contratiempo.

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Si te vas a ver afectado o afectada por esta huelga debes saber que:

- Si no puedes acudir a tu puesto de trabajo, debes tener en cuenta que esta ausencia puede ser considerada como causa de fuerza mayor y en este caso la empresa no podrá despedirte ni abrirte un expediente sancionador. Lo que sí que podrá hacer, legalmente, es exigirte la recuperación de ese día de ausencia o descontártelo de la nómina.

- Si tu empresa decidiera abrirte un procedimiento sancionador debido a tu falta de asistencia al trabajo el día de la huelga, éste sería impugnable ya que tu ausencia está justificada.

- Si sufriste un accidente acudiendo al trabajo, ya que tuviste que conducir tu propio vehículo, éste se debe considerar como un accidente laboral. Por lo tanto en estos casos la baja no puede ser calificada como enfermedad o contingencia común.

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Es decir, los extranjeros “sin papeles” únicamente tendrán garantizada la asistencia sanitaria por parte de los servicios públicos de salud español en los casos de urgencias, hasta el alta, y en los  supuestos de maternidad incluyendo en dicha cobertura el embarazo, parto y postparto.

Sin embargo, esta  norma contempla que los extranjeros menores de 18 años de edad tendrán garantizada el uso de la sanidad pública en las mismas condiciones que los españoles, es decir, se les dará cobertura a los niños de padres en situación irregular, proporcionando asistencia sanitaria primaria, hospitalaria, así como consultas con los distintos especialistas y siempre con las mismas prestaciones que los ciudadanos españoles.

Por lo tanto, si hasta el momento bastaba estar empadronado para disponer de tarjeta sanitaria, independientemente de si el ciudadano extranjero disponía de una autorización de residencia o no en España, ahora la norma contempla el plazo de hasta el 31 de agosto de2012 para que dichas tarjetas tengan vigencia, sin tener que demostrar que se es residente legal en España. Es decir, a partir de esta fecha se deberá demostrar que se tiene la condición de asegurado, con el fin de tener garantizada la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos y a través del Sistema Nacional de Salud.

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Como consecuencia, podrías denunciar este hecho a la Agencia de Protección de Datos y también podrías reclamar una indemnización por la vía civil por infringir la ley de protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

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ARAG envió a un perito y éste detectó que habían cortado los tubos del respiradero, taponando la salida de aires. Por esa razón, el taller se quedó sin ningún tipo de salida para los gases. El informe del perito añadió también fotografías que acreditaban su versión. ARAG, en paralelo, averiguó quién había realizado la reforma y dio con el responsable que era el promotor del edificio y de quien sospechaba Juan Carlos. Tras hablar con él contó que había cortado por su cuenta y riesgo los tubos mientras realizaba unas reformas para la otra planta baja. Fue entonces cuando ARAG le informó que tenía un informe pericial con pruebas y reclamó una indemnización en nombre de Juan Carlos. Pero el promotor no quiso llegar a ningún acuerdo porque decía que no era su problema y que ya había tenido otros problemas de convivencia por culpa del taller.

ARAG le puso una demanda al promotor por 3.500€ para la reposición del tubo de salida y la  pintura de la parte afectada. Como no quiso entrar en razón se llegó a juicio. El juez dio la razón a ARAG y a Juan Carlos, obligando al promotor a pagar el total. El promotor, indignado, recurrió la sentencia y volvió a perder.

Juan Carlos tenía un seguro de ARAG Negocios para proteger su taller frente a cualquier imprevisto. Y, afortunadamente, fue cauto al hacerlo porque sin el seguro de defensa jurídica no habría podido detectar ni identificar de dónde venía su problema y menos aún se habría visto capaz de reclamar llegando a juicios.

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Esta es una medida de carácter excepcional y sólo se va a acordar cuando se cumplan una serie de requisitos:
-    Que sea favorable para el interés de los menores.
-    Que haya una buena relación entre los padres.
-    Que los padres vivan cerca el uno del otro.
-    Que lo hábitos y tipos de educación no sean muy diferentes.
-    Que los hijos no sean muy pequeños siempre que la madre haya sido la que se haya ocupado fundamentalmente de ellos.

La forma de llevar a cabo esta guardia y custodia compartida es muy variada y queda fijada por la sentencia judicial, que es donde se establece quien es el responsable de traer y llevar al menor, en que períodos va a estar con cada uno de los progenitores y cómo se va a proceder el pago de la pensión de alimentos.

En el caso de que se tenga la custodia compartida y haya un cambio de residencia de uno de los progenitores, tanto el uno como el otro podrán instar un procedimiento judicial para solicitar una modificación de la sentencia. El juez, en base a las nuevas circunstancias, dictaminará si se debe continuar con la custodia compartida o si se atribuye la custodia del menor en exclusiva a uno de los progenitores con un régimen de visitas para el otro progenitor que no ostenta la guarda y custodia.

Este cambio también puede conllevar una modificación respecto a cómo se paga la pensión de alimentos del menor, pero hasta que no haya una nueva resolución se debe seguir cumpliendo con lo establecido hasta entonces.

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